06/11/2025
Guanajuato, Gto. 06/11/2025– La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con el propósito de fortalecer la transparencia en el uso de recursos destinados a comunicación social y publicidad oficial.
La legisladora resaltó que Guanajuato ejerció en 2024 un monto por 756.5 millones de pesos en publicidad oficial, lo que representa un sobre ejercicio del 339.5% respecto al presupuesto aprobado por el Congreso, situando al estado como líder nacional en gasto institucional, sin importar el contexto de mayor crisis de inseguridad y pobreza de la última década.
Señaló que mientras un millón 642 mil guanajuatenses viven en situación de pobreza y el 33,7% de la población carece de acceso a servicios de salud, el gobierno estatal optó por destinar recursos significativos a promoción en lugar de prioridades reales de la población.
Aguilar Castillo resaltó que la iniciativa surge de la necesidad imperiosa de corregir un patrón de opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas que no solo viola principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía y transparencia en la Carta Magna, sino que constituye una forma de censura indirecta a los medios de comunicación.
Agregó que la Auditoría Superior del Estado ha documentado irregularidades por más de 280 millones de pesos en contrataciones publicitarias y fideicomisos y que, desde 2018, el gasto en comunicación social ha superado sistemáticamente lo autorizado, acumulando ampliaciones presupuestarias no aprobadas por 2,167 millones de pesos.
La diputada añadió que los cambios también contemplan que toda transferencia o ampliación presupuestal destinada a comunicación social y publicidad oficial requiera autorización previa del Congreso, que permitirá el control real sobre el destino de los recursos públicos, además de derogar fracciones de la normativa de contrataciones públicas que actualmente permite contratar servicios de comunicación social sin licitación pública.
Finalmente puntualizó que la propuesta tiene por objeto reducir los márgenes de discrecionalidad por el ejecutivo en el uso del presupuesto público, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad de los recursos, así como la regulación y claridad de las contrataciones relativas a los servicios adquiridos por comunicación y publicidad.
Con las reformas se busca establecer que tratándose de ampliaciones o traspasos de recursos destinados a comunicación social y publicidad, en ningún caso aplicará el límite del 6.5%, y que toda transferencia o ampliación presupuestal en esa materia deberá ser autorizada previamente por el Congreso del Estado
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