MUJER MUERE EN LA CÁRCEL ACUSADA DE ABORTAR

Manuela sufrió criminalización, discriminación y una falta de atención médica

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Ciudad de México a 11 de marzo de 2021.- Se llevó a cabo la primera audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Manuela, una mujer salvadoreña de 33 años quien fue encarcelada por la pérdida involuntaria de su embarazo y que falleció en prisión por un cáncer que no fue tratado adecuadamente.

En esta audiencia, los peritos Guillermo Ortiz, ginecólogo y obstetra, y la doctora Laura Clérico expusieron sus argumentos entre los que destacaron la falta de atención médica en la emergencia obstétrica que sufrió Manuela por parte de los profesionales de la salud.

 “Manuela tuvo una deficiente atención de salud. Su historial médico se enfocó erróneamente en el tema de aborto, dejando de lado su condición de salud: tumor, preeclampsia, hipertensión, hemorragia», señaló Guillermo Ortiz. “Manuela tuvo una emergencia obstétrica donde no solo fue revictimizada y apuntada, pasó del dolor al juicio injusto”.

Actualmente, El Salvador penaliza en todas las circunstancias al aborto y también reconoce en la Constitución Política como persona “a todo ser humano desde el instante de la concepción”, por lo que las mujeres que sufren emergencias obstétricas a menudo son acusadas por los profesionales de la salud y son encarceladas.

“Para establecer medidas de no repetición, tienen que existir reglas claras en cuanto a la atención de las emergencias obstétricas, una guía, cómo y cuándo proceder en estos casos, anteponer la salud de las mujeres, debe haber claridad que las emergencias se presentan en cualquier etapa de gestación, incluso en aborto”, lamentó Guillermo Ortiz.

“Es muy complicado. En la legislación actual debería haber excepciones y definir en qué casos el aborto no es punible o no es un delito, hasta este momento solo dice aborto en general, y en algunos casos hay confusión, no existe claridad en la ley y se dan esos malentendidos que al final la terminan pagando las mujeres”.

Ipas CAM (Centroamérica y México) ha insistido en que con la penalización total del aborto no solamente se castiga a aquellas mujeres que se han practicado un aborto sino también a quienes sufren una emergencia obstétrica.

De acuerdo con la perita Laura Clérico, el derecho a la salud que tenía Manuela fue interrumpido por la criminalización que existe sobre el aborto, además de ser sometida a estereotipos de género que la privaron de acceso a la justicia.

“La denuncia no debió haber ocurrido porque hubo más de una hipótesis posible de que se trataba de una emergencia obstétrica, incluso un accidente. Cuando se da información de Manuela, se dan datos irrelevantes que no honran la justicia ni evita la impunidad, ¿qué tenía que ver la vida personal de Manuela? El secreto profesional tiene que ser regla. Se necesita una ley que sea clara, precisa, no contradictoria”, acusó la doctora.

El caso de Manuela, no es un caso aislado. Ella, al igual que miles de mujeres, no pudo acceder a la educación básica, no sabía leer ni escribir, no tenía acceso a la educación sexual integral, ni acceso a anticonceptivos modernos.

En Ipas CAM (Centroamérica y México) consideramos que la penalización del aborto plantea problemas significativos con relación a los derechos humanos, ética y salud pública. Además, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación es violado porque las mujeres pobres, jóvenes, y sin educación tienen más probabilidad de ser enjuiciadas.

“Esta penalización total no disminuye la necesidad del aborto, pero sí genera problemas de justicia social. Las mujeres que están en la cárcel son todas pobres o de ascendencia indígena. La gran mayoría son mujeres muy jóvenes. Entonces las mujeres ricas, las mujeres más privilegiadas, no están en la cárcel porque pueden acceder a abortos seguros”, señala María Antonieta Alcalde, directora de Ipas CAM.

En Centroamérica, con los índices de violencia que enfrentamos las mujeres todos los días y con los niveles de pobreza que vive la región, los cuales están siendo exacerbados por la pandemia de COVID-19, lo que vemos desde esta organización es más necesidad de programas de educación sexual integral, programas de salud sexual y reproductiva y de despenalización del aborto.

“El dilema es cárcel o muerte, pero se ensaña con las mujeres pobres y jóvenes. Hay que derogar (el artículo 133) o como mínimo ir por la habilitación de las tres causales que ya estaban permitidas”, señaló Laura Clérico. “En la prohibición absoluta del aborto, todo lo que tiene que ver con los derechos de la autonomía, derecho de la vida y de la salud de la mujer no existen”.

Con el caso de Manuela, la Corte IDH determinará la responsabilidad de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren emergencias obstétricas en sus embarazos y podrá marcar un precedente en la región.

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