Fiscal General del Estado rinde su segundo informe

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Guanajuato, Gto. – Este día se llevó a cabo una mesa de trabajo para dialogar con el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sobre el segundo informe de actividades de la Fiscalía General, así como del estatus que guarda la procuración de justicia en Guanajuato.

Al iniciar la reunión, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que estaba convencido de que en la reunión obtendrían la explicación, así como la información precisa del estado que guarda la procuración de justicia y también conocer los avances y los retos que tiene la Fiscalía General para lograr sus objetivos constitucionales.

“Las y los diputados estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y, por lo tanto, de una mejor rendición de cuentas”, indicó.

Asimismo, apuntó que la mesa de trabajo se llevaría a cabo de manera remota, y previamente los grupos y las representaciones parlamentarias, así como la diputación sin partido enviaron 240 preguntas sobre el II Informe de actividades de la Fiscalía General, que fueron respondidas con base en el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Oviedo Herrera dio a conocer la mecánica de la reunión, la cual consistió en la presentación ejecutiva realizada por el Fiscal General sobre su informe, y en registrar a las y los diputados que tuvieran cuestionamientos en el orden en que lo solicitaran.

Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general, habló sobre la incidencia delictiva y las carpetas iniciadas por diversos delitos como el de homicidio, robo, violación, entre otros. Asimismo, mencionó el por qué se ha tenido tanto aumento en homicidios desde 2018 y dijo que existen aún muchos cárteles peleando por la plaza, siendo el origen el robo trasiego, distribución y venta de robo de combustible.

También se refirió a los mandamientos judiciales, los autos de vinculación a proceso, las sentencias condenatorias y el trabajo realizado para el fortalecimiento institucional; así como las acreditaciones con las que cuenta la Fiscalía General y los reconocimientos que ha obtenido.

El diputado Israel Cabrera Barrón cuestionó sobre los nulos reportes sobre delitos ambientales y a qué creía que se debía; las carpetas de investigación abiertas y la conducta delictiva por las que se aperturaron; cuántos binomios se encontraban trabajando en la Fiscalía y si la ésta, a través de la capacitación que se tiene y el uso de los binomios consideraba que debían aplicarse en las policías municipales.

En respuesta, Zamarripa Aguirre apuntó que se tenían 8 binomios, que sí recomendaban su uso en las policías municipales y que se dieron 188 asesorías. También dijo que hay 20 carpetas iniciadas por delitos ambientas.

En su intervención, el legislador Germán Cervantes Vega expresó que si consideraba que en el contexto de la delincuencia actual era necesario hacer una revisión integral al Código Penal estatal para aumentar las penas o por el contrario revisar las acciones en materia de prevención social. El funcionario precisó que política criminológica se debía ponderar el equilibro entre los rubros por un lado de lo que toca a la función estatal y por el otro, el federal, y que el reforzamiento se debía dar en la parte de prevención y seguridad pública, sobre todo municipal.

Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas señaló que un tema de gran preocupación, hoy en día, era el de las personas desaparecidas en Guanajuato, y que sin duda alguna se trataba de hechos lamentables que correspondían a una dinámica criminal que involucraba a todo el país, sin embargo, dijo, en el caso concreto de Guanajuato se había acusado a la Fiscalía de ejercer poca actividad al respecto, incluso se había señalado que no se ha acompañado a los familiares de las víctimas de desaparición en las etapas de búsqueda y que la Fiscalía se sumaba a dichas labores hasta el momento en que había certeza de ubicaciones que contienen restos humanos, que cuál era la postura de la Fiscalía respecto de estos señalamientos y los retos para la atención de ese delito.

Al respecto, el fiscal consideró que era respetable la postura de quienes tenían dicha percepción, pero no la compartían, y que nunca han dejado de hacer su labor ni dejado solo ningún caso, que su trabajo había sido puntal y no ha existido ningún hallazgo en el que no hayan intervenido. Además de que se ha apoyado a víctimas indirectas y sostenido reuniones con diferentes grupos civiles.

En su participación, el legislador Raúl Humberto Márquez Albo argumentó que dentro de la situación de violencia que prevalece en el país y que ubicaba a Guanajuato dentro de las entidades más peligrosas destacaba la problemática de desaparición de personas y fosas clandestinas, y que se han enterado de los entierros clandestinos no por medios oficiales sino por medios de comunicación y que a pesar de ello, las autoridades de la entidad habían negado por largos tiempos la existencia de fosas clandestinas, hasta que se hizo presión social se empezó a informar de los hallazgos.

En ese sentido, precisó que en el informe en revisión se omitía mencionar dicho término y no se informaba cuántos cuerpos han sido exhumados en los hallazgos, por lo que cuestiono por qué se había omitido informar sobre el tema, cuántas fosas o hallazgos se encontraban registrados en el estado, cuántos restos fueron encontrados en 2020 y cuántos han sido identificados y entregados a sus familiares.

En respuesta, el funcionario manifestó que no se había ocultado y que no eran argucias legales, sino que deben respetar la norma y cómo está establecidos los términos y que más allá de una connotación ningún caso ha sido desdeñado por la Fiscalía General, de ahí sus reuniones con los colectivos, que se tienen más de 600 cadáveres identificados, que no era negar sino referirlo conforme la ley, y que podía revisar los reportes hechos, donde se nombraban como estaba establecido en las diferentes normas tanto locales como estatales.

En su oportunidad, Miguel Ángel Salim Alle reconoció la labor del personal que labora en la Fiscalía y que dijo, arriesga su vida por convicción. Asimismo, cuestionó si consideraba que era necesaria la creación de nuevas fiscalías especializadas, y de ser así, cuáles. Zamarripa Aguirre consideró que era necesario continuar con la especialización del personal en diferentes rubros.

El legislador J. Guadalupe Vera Hernández indago sobre cuáles eran las acciones que faltaba realizar para llegar a un punto en que se establezca una disminución de la violencia homicida en Guanajuato. Al respecto, el funcionario comentó que la contextualización precisamente y la génesis criminógena del delito de homicidio era algo en lo que se están focalizando y atendiendo. En ese sentido, mencionó que se llevó a cabo una estrategia en conjunto con autoridades federales y estatales bajar significativamente la incidencia en temas de delitos violentos tales como el homicidio.

Por su parte, el congresista Héctor Hugo Varela Flores cuestionó sobre la judicialización y las sentencias emitidas, la percepción de que la persecución del delito era reprochable, qué que les decía a quienes pensaban que no hacía nada por investigar y menos por perseguir a los delincuentes; a cuántos funcionarios de la Fiscalía se han iniciado investigaciones por delitos, cuántos han sido dados de baja y cuántos han sido sancionados finalmente.

En respuesta, mencionó que lo que se informaba de los casos judicializados eran 1646 casos con sentencia condenatoria; en cuanto a la ineficacia por la falta de resultados a la percepción que se tenía, indicó que era la gran aspiración de todos, contar con la confianza de los usuarios y que todos los trabajos encaminados a la reingeniería de la institución estaban orientados hacia allá

En su participación, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz indicó que considerando que Guanajuato era el segundo lugar en mujeres víctimas en muertes violentas y que se han tipificado muy pocas como feminicidio, si consideraba que la Fiscalía estaba generando un subregistro de feminicidios y qué tipo de muertes violentas y bajo qué contextos no se habían encuadrado en feminicidios; y qué pensaba de que se considerara a Guanajuato como un cementerio.

El funcionario precisó que la ley era muy específica de cuándo era o no feminicidio, y mencionó que los que procuraban justicia tenía el límite de la Ley y que era muy claro cuándo se daba un feminicidio, que no era un tema de interpretación.

El legislador José Luis Vázquez Cordero cuestionó sobre cuál era el reto más importante para la Fiscalía General, ante la realidad estatal y nacional en materia de seguridad. Al respecto, el fiscal argumentó que la consolidación de los proyectos con base en la reingeniería había dado frutos y continuarían trabajando en ello.

La congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo cuestionó sobre la capacidad institucional para procesar la identificación forense de los cuerpos que se han localizado en las búsquedas, el nivel de ocupación y si se plantea algún otro mecanismo de registro para personas.

En respuesta, Zamarripa Aguirre apuntó que no se atrevía a hablar de un número porque todos los indicios llevaban un proceso, que no había falta de capacidad para poderlos solventar y que reconocía la inquietud de los colectivos para la prontitud de los indicios pero que cada indicio tiene un tratamiento que es la localización, extracción, traslado, individualización, clasificación y, posteriormente, su identificación a través de rasgo biométrico o genético. Asimismo, mencionó que hoy no hay día que no se estén entregando la identificación entre 5 y 8 personas de manera diaria y que era resultado del proceso previo.

Por su parte, la diputada Vanessa Sánchez Cordero cuestionó sobre cuántos sitios de hallazgos de restos humanos se tienen registrados en Guanajuato, cuántas personas se han encontrado en los mismos y cuántas personas desparecidas hay; además de cómo garantiza la Fiscalía General el respeto a los derechos humanos de las víctimas.

Al contestar, el Fiscal comentó que tienen un registro de 7 sitios con hallazgos de restos humanos en la entidad y la información se encuentra en la página de internet de la Fiscalía General. Asimismo, mencionó que el tema de derechos humanos se debe garantizar desde el inicio de una atención policial municipal, estatal y federal adecuada, y desde la Fiscalía trabajan en mejorar los mecanismos que tienen para la capacitación del personal en la materia.

El diputado Jaime Hernández Centeno preguntó sobre cuántos y cuáles laboratorios están certificados y qué beneficios tienen los guanajuatenses con dicha infraestructura.

El funcionario precisó que la certificación y acreditación de los laboratorios habla de un estándar y comprobación de los resultados favorable. Expuso que las acreditaciones permiten brindar certeza a lo que se emite. De igual forma, indicó que la Fiscalía General cuenta con 7 laboratorios certificados.

Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Elías Chávez pidió saber qué acciones se pueden llevar a cabo para avanzar en la identificación de los cuerpos que se han hallado en los diversos sitios, y para reducir el robo a las escuelas.

En respuesta, el Fiscal precisó que en varios casos el deterioro de los restos óseos retrasa la identificación de estos, por lo que se tienen que aplicar varias técnicas. Respecto al robo de escuelas, comentó que es necesario implementar varias acciones para combatir el delito y eficientar los procesos. De igual forma, indicó que se han realizado estudios en los planteles educativos sobre su vulnerabilidad para evitar que sean robados.

El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta preguntó si se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia y qué acciones llevan a cabo para proteger a las mujeres que denuncian.

El funcionario expuso que en el año que se informa se tuvo una disminución en el delito referido. Asimismo, señaló que la Fiscalía cuenta con unidades especializadas para atender a las mujeres, las cuales se encuentran ubicadas en varias regiones de la entidad y brindan una atención las 24 horas del día.

La diputada Emma Tovar Tapia pidió saber en materia de política institucional, considerando el reclamo de varios sectores de la sociedad respecto del acceso a la justicia, cuáles son las acciones más importantes que se deben implementar para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas.

Al dar respuesta, Zamarripa Aguirre consideró que se debe incentivar la reingeniería de la institución, además de implementar de manera permanente el fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal y el uso de tecnologías, así como la especialización en los delitos que se presentan.

Por su parte, la legisladora Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante cuestionó las estrategias que implementará la dependencia para eficientar las investigaciones de los delitos cometidos en razón de género, además, cuál es el delito que considera es necesario reforzar los esfuerzos para disminuir las estadísticas.

El funcionario comentó que se trabaja en un proyecto que involucra al Ministerio Público y a sus agentes para brindar la mejor atención a las víctimas del delito referido. Asimismo, indicó que se han hecho evaluaciones del modelo que actualmente se tiene para investigar y atender la violencia en razón de género. Por otra parte, mencionó que existen dos rubros en los que se deben enfocar los esfuerzos de la Fiscalía los cuales son: los homicidios y los delitos patrimoniales.

El diputado Armando Rangel Hernández pidió saber qué acciones se han implementado para incrementar el índice de confianza por parte de los ciudadanos en las instancias operadoras del Sistema Penal y qué acciones considera que falta por implementar para incrementar dicho índice de confianza.

Zamarripa Aguirre acentuó la importancia de fomentar la confianza de los ciudadanos en las instancias del Sistema Penal. En este sentido, indicó que de acuerdo con México Evalúa, Guanajuato se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional respecto a la confianza que tienen los ciudadanos en las instancias de procuración de justicia, y continuará con las acciones para fomentar la confianza en la población.

La congresista Noemí Márquez Márquez refirió que, en el contexto de la pandemia, se han reportado en diversos medios quejas sobre los protocolos a seguir para ser atendido en las instalaciones de la Fiscalía, por lo que preguntó si se tiene previsto implementar un mejor sistema de gestión de asuntos que permita la atención a las víctimas y los ofendidos, resguardando la salud tanto de usuarios como de funcionarios públicos

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