Estudia iniciativas Comisión de Puntos Constitucionales

Modificar la operación de la Auditoría Superior del Estado

La diputada presidenta de la Comisión, Susana Bermúdez Cano y la legisladora Alma Edwiviges Alcaraz Hernández, analizaron en compañía de Iliana Alejandra Bernardino Cruz y Jafet Noriega Zamudio, de la Universidad de Guanajuato; Alfredo Israel Barrón Durán del Tribunal de Justicia Administrativa; Gustavo Sánchez Guerrero y Javier Amaya de de Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, así como con asesora y asesores del PAN, Morena y PRI, analizaron una propuesta de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Durante su intervención, el asesor del Grupo Parlamentario de Morena, Francisco Escamilla de Luna, la propuesta plantea robustecer la atribuciones que tiene el Congreso del Estado para verificar el desempeño de los programas en el cumplimiento de sus objetivos; acordar la práctica de auditorías a partir de la aprobación por parte de la mayoría simple del Congreso y no por mayoría relativa como ahora lo estipula la ley.

Agregó que también se busca adicionar requisitos para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), tales como no haber sido objeto de inhabilitación para desempeñarse en el servicio público; así como incorporar la figura del juicio político local, que podría ser iniciado por la persona titular de la (ASEG) en caso de hallazgos en las auditorías dijo.

El representante de la UG reconoció el valor de la iniciativa; sin embargo, pidió valorar si las modificaciones ya se encuentran contenidas en otros instrumentos normativos y la Política Estatal Anticorrupción.

Jorge Luis Hernández Rivera, asesor del Grupo Parlamentario del PAN, se manifestó en contra de las cuatro modificaciones.

Referente a ampliar el programa de auditoría a partir de la votación por parte de una mayoría simple en el Congreso, el asesor recalcó la necesidad de generar consensos. En lo que respecta a los requisitos para ser titular de la ASF, afirmó que no es necesario movilizar al Constituyente permanente únicamente para establecer requisitos, pues esto puede realizarse con la facultad ordinaria del Congreso. Además de que la tendencia normativa es eliminar las limitaciones a ocupar cargos públicos por contar con inhabilitaciones.

Relativo a las auditorías de desempeño señaló que darles un alcance distinto al establecido se torna inconstitucional, así como que podría resultar en invadir las competencias de los sujetos obligados, tales como los ayuntamientos.

Sobre la creación del juicio político local indicó que esta pretensión no se considera en la exposición de motivos, y que la iniciativa únicamente incluye modificaciones al procedimiento local que se sigue para instaurar un juicio político en lo federal.