EL PAN en el Congreso del Estado aprueba el archivo definitivo de las iniciativas de interrupción del embarazo.

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Guanajuato, Gto. 28/05/2020.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó el archivo definitivo de las iniciativas de reforma a diversos ordenamientos, en materia de interrupción del embarazo.

Al hacer uso de la voz, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá expuso que en el análisis de las iniciativas se generó un espacio donde tanto los grupos a favor de la vida como los grupos que respaldan el aborto libre pudieron plantear sus ideas e inquietudes para enriquecer el análisis, y que, además, aportaron datos relevantes sobre una realidad que se vive en Guanajuato y que debe ser atendida.

Subrayó que las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública optaron mayoritariamente por el archivo, porque existen argumentos jurídicos, médicos y éticos para mantener la legislación en su forma actual y refrendar el compromiso de la ley, la autoridad y los ciudadanos guanajuatenses con el derecho a la vida como base primordial para el ejercicio de los demás derechos.

Precisó que a nivel jurídico, ambas iniciativas de reforma van en contra del artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el cual afirma que para los efectos de la misma y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.

La legisladora expresó que desde embrión hasta adulto, es el mismo ser, desarrollado a partir de la fusión de los gametos que aportan los padres, por ello los intentos de estrechar la definición de persona con el objetivo de deshumanizarlo son no solo incorrectos, sino incluso peligrosos, para toda la sociedad.

“Las aportaciones de las asociaciones que nos acompañaron en el proceso de análisis, así como del representante del Sistema Estatal de Salud, se consideró que los servicios de aborto, respecto de los casos establecidos por el Código Penal estatal, se encuentran debidamente cubiertos al amparo de la NOM-046 misma que es de observancia obligatoria para las instituciones, así como para las y los prestadores del servicio de salud de los sectores público, social y privado que integran el sistema de salud”, dijo.

Finalmente, indicó que hubo una coincidencia generalizada en la necesidad de establecer políticas públicas efectivas que permitan que las mujeres alcancen todo su potencial, por lo que confió en que el dictamen servirá como un llamado a las y los diputados, así como al Ejecutivo del estado y a la sociedad para que se desarrollen los programas que garanticen educación sexual para evitar embarazos no deseados, que fomenten el libre ejercicio de los derechos de todas con responsabilidad y seguridad, brinden acompañamiento integral y atención médica durante el embarazo, atención adecuada prenatal y posterior al nacimiento, que garanticen servicios de salud de calidad, accesibles y suficientes para nosotras, que proporcionen métodos anticonceptivos e información para que seamos madres cuando así lo decidamos, y que cuando las mujeres decidan ser madres, lo sean en las mejores condiciones.

Por su parte, el diputado Ernesto Prieto Gallardo habló en contra del dictamen. Consideró que es inadmisible que los derechos de las mujeres sigan supeditados a coyunturas políticas, pues los derechos humanos no son negociables y no se puede permitir que “la democracia se convierta en una tiranía de la mayoría”. Refirió que en las mesas de trabajo se pudo detectar que antepusieron el artículo primero de la Constitución Política del Estado, sabiendo que los tratados internacionales tienen un grado de jerarquía mayor.

Expuso que la interrupción del embarazo como se encuentra actualmente en el Código Penal estatal, solo incrementa la desigualdad, ya que mujeres que interrumpen sus embarazos no deseados son mujeres privilegiadas que pueden costear una intervención legal en la Ciudad de México. “Las mujeres con posibilidades económicas interrumpen sus embarazos de manera legal, las pobres son encarceladas o muertas por procedimientos en planchas de hospitales clandestinos. Es decir, se criminaliza a las más vulnerables, por lo que nosotros estamos a favor de vidas dignas, libres y que se garantice la autonomía y salud reproductiva de todas las mujeres”.

Asimismo, aclaró que la iniciativa no promueve el aborto, pues no se obliga a nadie a realizarse procedimientos en contra de su voluntad, ya que solo abre la posibilidad para que las mujeres elijan sobre su propio cuerpo sin ser criminalizadas.

“Dejando el aborto en la clandestinidad provoca que al no ser legal es casi imposible medirlo con exactitud, y si no se mide se puede pensar que no existe o que no tiene una relevancia fundamental para la vida de las mujeres. Por ello, los datos de las interrupciones del embarazo varían tanto, por lo que, al legalizar la interrupción del embarazo habría bases de datos para la creación de políticas públicas focalizadas sobre derechos reproductivos”, expresó.

Además, cuestionó el proceso legislativo que se realizó durante el análisis de las iniciativas, pues en tres días se revisó un tema que tiene varias aristas.

En rectificación de hechos, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas mencionó que los tratados internacionales se defendía la vida y que el derecho no era para deshacerse de los que no servían o los más débiles, sino para proteger al más vulnerable, y que defender la vida era de lo más avanzado.

El diputado Ernesto Prieto reiteró la importancia de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y recordó algunos tratados internacionales que lo garantizan.

En respuesta a su homólogo, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá y el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas externaron que existían diversos instrumentos que garantizaban el derecho a la vida desde la gestación, por lo legislado no tenía que ver con aspectos moralistas.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Jessica Cabal Ceballos recordó las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la despenalización del aborto, las cuales presentan acciones de inconstitucionalidad.

“Sostener abiertamente que el aborto es un derecho en nuestro país, no solo es falso o impreciso en el mejor de los casos; sino que provoca una lamentable confusión en la opinión pública, debido a que una conducta no puede ser considerada como un delito en la legislación penal de la federación y en la mayoría  de sus estados y ser invocada al mismo tiempo como un derecho”, dijo.

Acentuó que como legisladores se deben fundamentar las decisiones en ciencias datos: real, racional, histórico e ideal y técnica; y considerar motivos, situaciones, y factores agravantes o atenuantes.

“En este orden de ideas, quiero afirmarlo con absoluta contundencia: no se trata de un tema religioso, no se trata de sancionar la destrucción de una vida humana bajo el argumento de que matar es pecado; del mismo modo en que no se sanciona el robo porque este sea pecado. No se sanciona porque, más allá de la creencia o no en dioses, sin importar la forma que asuman, creemos en que cada persona importa, en que cada persona tiene una dignidad que debe ser protegida, y en que el proteger esa vida de las personas más vulnerables es indispensable para proteger los derechos de todos”, expresó.

Al concluir, acentuó que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de velar que se dote a los ciudadanos, pero en especial a las mujeres, de  medios educativos, económicos, asistenciales, y sociales, suficientes que promuevan responsabilidad en la transmisión de la vida humana.

La diputada Vanessa Sánchez Cordero habló en contra del dictamen y señaló que la sanción penal prevista para la interrupción del embrazo no inhibe a una mujer que busca practicarse un aborto, entonces, al no estar asegurando la prevención, más que la protección de la vida de alguien, mantener la sanción es un castigo.

Indicó que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos, fue seguro, mientras que en países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura; sin embargo dijo, estas cifras junto con algunas otras sobre la realidad en Guanajuato, no fueron consideradas en el dictamen.

Subrayó que no hay evidencia alguna de la que se desprenda la viabilidad del embrión nacido antes de las 12 semanas, lo cual no se considera en momento alguno para determinar si la vida que hay que proteger es la de la mujer que se pone en riesgo extremo frente a un aborto clandestino o no seguro o la del concebido.

La legisladora expuso que obligar a la mujer a tener un hijo no deseado, por la acción punitiva del Estado, es también una acción discriminatoria hacia la mujer; y la denegación de asistencia clínica en aquellos casos en los que la mujer los requiere, en cuanto a su condición de género, constituye una violación a su derecho a la no discriminación.

“El dictamen no desglosa punto por punto por qué no son atendibles los argumentos que se presentaron a favor de la despenalización, y sobre todo, no explica por qué no se respetan los derechos humanos de la mujer. Es un tratado sobre la protección de la vida desde su nacimiento y una serie de interpretaciones parciales para sostenerlo de forma absoluta, por sobre todos los demás derechos, incluso sobre el derecho a la vida de la mujer, vida, que dicho sea de paso, es mucho más probable que perdure, que aquella posibilidad de vida de un embrión en gestación antes de las 12 semanas”, agregó.

En su intervención, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla habló a favor del dictamen. Expuso que autorizar la muerte de niñas y niños por nacer no resuelve los problemas de fondo, el aborto no disminuye los riesgos de muerte materna y no debe ser el camino a seguir.

Refirió que este tema no se trata de un tema de hombres contra mujeres, sino de soluciones que reconozcan la vida y las necesidades de ambas personas: tanto la madre como la hija o el hijo que crece en su interior, que es una persona distinta, pero vinculada a ella.

Asimismo, precisó que otro grupo vulnerable que ha sido víctima de este tipo de abortos selectivos es el de las personas con discapacidad y específicamente cuando se detecta Síndrome de Down, negándoles el derecho a existir de manera discriminatoria.

“El objetivo debe ser que, desde el momento de su concepción y durante toda su vida, ninguna mujer se sienta sola, abandonada por la sociedad y traicionada por las instituciones porque nuestro trabajo desde el Poder Legislativo debe ser el de fortalecer las leyes y los presupuestos, para que en los municipios y a nivel estatal existan instituciones y políticas públicas efectivas en beneficio de todas las mujeres, desde el primer instante de su existencia”, añadió.

La legisladora concluyó diciendo que la ruta para proteger a las mujeres es la de trabajar por la vida y por una mejor calidad de vida con avances concretos, incluyendo el acceso a los servicios públicos a mayores niveles educativos, a programas complementarios de nutrición, acceso universal a servicios de salud antes, durante y después del nacimiento y desarrollar unidades obstétricas de emergencia y atención especializada a casos de alto riesgo.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo manifestó que su partido político lleva mucho tiempo en la lucha por la protección y en la búsqueda de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, defendiendo y abanderando su lucha por hacer valer la libertad de decidir sobre su cuerpo como una causa de justicia social.

El legislador consideró que daba pena el tratamiento que se había hecho a la iniciativa, aprovechando el confinamiento por la pandemia que azotaba al país, para tratar el tema de manera rápida y a distancia, acortado con esto las participaciones y el debate sobre el mismo.

También, dijo, que algunos de sus homólogos habían querido causar polaridad y malamente denominaron a los grupos de las asociaciones que participaron en el debate como “provida” y “proaborto”.

“No se confundan, aquí nadie está promoviendo el aborto, estamos promoviendo que sean reconocidos y garantizados los derechos de las mujeres, es una conducta reprochable y más que un legislador recurra a emplear este lenguaje en un debate para querer ganar a través del fomento a la discriminación”, indicó el diputado.

Bazaldúa Lugo argumentó que al debate sobre el aborto se le debió dar un tratamiento humanitario en nombre de todas las mujeres y hombres que han luchado porque este país y este Estado se construyan sobre cimientos democráticos.

“El derecho al aborto se ha planteado como un asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y una aspiración democrática, no es un asunto de creencias, ni religiosas ni políticas, es tema urgente de salud pública”, enfatizó.

Finalmente, señaló que como legisladores su deber era respetar el derecho a decidir de las mujeres y pugnar porque éste se encuentre garantizado y salvaguardado en la norma jurídica local y se elimine toda discriminación y criminalización.

“Las Comisiones Unidas de Justicia y Salud con este dictamen le están diciendo no a la protección de derechos de las mujeres guanajuatenses, y quien vote a favor de este dictamen estará votando en contra de la salud de las mujeres y a favor de la ilegalidad y clandestinidad, no olvidemos que en la interrupción legal del embarazo las mujeres deciden, el Estado garantiza y la sociedad respeta”, concluyó.

En rectificación de hechos, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que el dictamen de las iniciativas se basa en una perspectiva técnica, jurídica, médica, genética y con argumentos. “Para nosotros, la vida es el primero de los derechos y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es justo mientras sea su cuerpo y su vida, pero deja de serlo cuando se trata de otro cuerpo y otra vida”.

En alusiones personales, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo manifestó que este era un tema de salud pública y quisieran o no, las mujeres continuarán abortando en Guanajuato y en México, y lo que se buscaba era que lo hicieran en condiciones de salud dignas.

Los diputados Rolando Alcántar Rojas, Isidoro Bazaldúa Lugo, Raúl Márquez Albo, Armando Rangel Hernández, Luis Antonio Magdaleno Gordillo y las diputadas Vanessa Sánchez Cordero, Cristina Márquez Alcalá y Magdalena Rosales Cruz sostuvieron un debate sobre si el aborto era un tema de salud pública, por lo que debería reconocerse en la legislación, si había o no políticas públicas, si se había visto desde el tema científico, entre otros.

Por su parte, el diputado José Huerta Aboytes habló a favor del dictamen. Señaló que a causa de un falso y artificial dilema pareciera que en el debate no había más que dos alternativas y que no era posible establecer términos medios o fijar posturas mixtas que reivindicaran lo mejor de ambas posiciones, lo cual consideraban no era así y existían soluciones alternas.

Prueba de ello, dijo, se encontraba en la actual redacción del artículo 193 del Código Penal en el que se condensaba el respeto a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres con el respeto a la vida y la visión teórica de que éste, excepcionalmente, no es un derecho absoluto.

“Si el debate sobre el aborto se ha vuelto espinoso y en apariencia insoluble, es porque en muchas ocasiones las partes acuden al mismo cargadas de emotividad e impulsadas por la ideología, el dogmatismo y el prejuicio”, indicó Huerta Aboytes.

En ese sentido, manifestó que su grupo parlamentario sostenía su irreductible compromiso con los derechos humanos de las y los guanajuatenses y su indelegable responsabilidad para garantizarlos.

Asimismo, precisó que al emitir su voto lo hacían de la manera más responsable, escrupulosa y concienzuda, despojados de todo tipo de prejuicios y condicionamientos ideológicos, políticos o culturales.

“Lo hacemos con la conciencia limpia de cinismo o de pragmatismo; sin temor al repudio o al rechazo. No lo hacemos para quedar bien con unos y con otros; y porque estamos seguros de que, en este caso, no es posible satisfacer a la totalidad”, afirmó.

El legislador señaló que este tema era una de las cuestiones más graves y delicadas a las que se podía enfrentar una mujer y reclamaba el más alto grado de pulcritud profesional y de seriedad política por lo que, enfatizó, consideraba que al Congreso le había faltado tiempo para modelar y madurar, en conjunto, una solución menos precipitada y acelerada, que recogiera lo mejor de ambas visiones y que hiciera posible un proceso más rico, constructivo e incluyente de ambos grupos de derechos fundamentales.

“Hemos decidido emitir nuestro voto a favor del archivo, porque de conformidad con el mandato establecido en el párrafo cuarto del artículo 1° de nuestra Constitución local, estamos impedidos para avalar iniciativas que pugnen con el mismo”, puntualizó el congresista.

Finalmente, la diputada María Magdalena Rosales Cruz habló en contra del dictamen, pues dijo, no existe ningún argumento jurídico de fondo que lo sostenga. Señaló que las premisas que sustentan la resolución devienen de algunos aspectos técnicos que pudieron ser corregidos por los iniciantes, tal como fue solicitado y como generalmente sucede en cualquier procedimiento legislativo, pero el dictamen “se motivó en la moral social predominante, y en los retrogradas y todavía hegemónicos prejuicios patriarcales”.

Indicó que la Constitución Política local no mandata que se criminalice a las mujeres que hayan decidido, en ejercicio de sus derechos, interrumpir el embarazo. “En todo caso, si las autoridades en el estado de Guanajuato consideran que deben evitarse los abortos clandestinos, deben atender a la Suprema Corte de Justicia cuando les dice que no puede plantearse que la amenaza penal sea la primera y única solución a la erradicación de las prácticas clandestinas de interrupción voluntaria del embarazo, pues de lo contrario se habilitaría el ingreso al sistema penal de la venganza como inmediato fundamento de la sanción”.

“Deben existir medidas alternativas menos gravosas o restrictivas de los referidos derechos fundamentales, como pueden ser, entre otras, la promoción y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, así como de educación y capacitación sobre la salud sexual y reproductiva”, expuso.

Refirió que en materia de la interrupción del embarazo, las normas que constituyen la referencia para el conjunto de las medidas legislativas que son los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales, no así la Constitución del Estado, sobre todo porque ésta no amplía sino reduce los derechos constitucionales de las mujeres.

“Del dictamen que estamos por votar, no hay una sola reflexión al respecto de los derechos de las mujeres. Podrán emitir las opiniones que quieran los promotores del odio y la venganza, lo cierto es que desde el lenguaje de los derechos humanos la penalización de la interrupción del embarazo es insostenible”, agregó.

En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos habló sobre el trabajo legislativo que han realizado para defender los derechos de las mujeres y garantizar su seguridad. Asimismo, refirió que las iniciativas en mención adolecen de deficiencias técnicas que serían contraproducentes para las mujeres, por lo que son improcedentes.

La diputada Magdalena Rosales reiteró que las propuestas no fueron analizadas a fondo y su rechazo solo refleja su interés por seguir criminalizando a las mujeres. De igual forma, indicó que las acciones mencionadas por su antecesora son solo discurso.

Por su parte, la diputada Cristina Márquez Alcalá expuso que las iniciativas presentadas carecían de técnica legislativa por lo que era imposible arreglarlas para que pudieran proceder. En este sentido, señaló que el resultado del análisis de las propuestas es que se necesitan políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres.

El dictamen fue aprobado con 28 favor y 5 votos en contra.

Otros temas

En otro punto del orden del día, la Asamblea turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la iniciativa de reforma a la Constitución Política local presentada por el Gobernador del Estado, en materia de impuestos estatales.

De igual forma, se dio cuenta con los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado, relativos a la auditoría integral practicada a la administración pública municipal de León, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012, por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año 2015, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 309/2019-IV.

Así como la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Yuriria, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo indirecto tramitado bajo el expediente número 364/2019-II.

Los informes fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

En la misma sesión ordinaria, se aprobó la auditoría integral practicada a la administración pública municipal de Salamanca, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2015; por los ejercicios fiscales de los años 2016 y 2017, así como por el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal del año 2018; así como la revisión de la cuenta pública municipal y de los recursos del Ramo General 33 y obra pública de los meses comprendidos de enero a octubre de 2018.

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Ernesto Prieto Gallardo señaló que la corrupción no debe permitirse y la revisión que se hizo a la administración municipal de Salamanca en los mencionados periodos, muestra el daño al erario público por 184 millones de pesos.

Mencionó que los resultados de la auditoría solo evidenciaron lo que varios medios de comunicación habían señalado, pues se encontraron compras a sobre precio, obras de mala calidad, desvíos de recursos, entre otros.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Acosta Cano refirió la falta de apoyo que se presentó en la auditoría por parte de la actual administración pública municipal de Salamanca para proporcionar la información requerida, por lo cual los entes auditados no estuvieron en condiciones de entregar los documentos para solventar lo señalado.

“La administración no aportó datos que pudieran disminuir el monto del impacto económico, por lo que se pidió una nueva búsqueda, pero se mostró la negativa para este hecho. Uno de los objetivos finales de la labor de fiscalización es dar certeza a la población del uso de los recursos públicos, el cual deberá solventarse en un futuro”, finalizó.

También, se aprobó la auditoría concomitante practicada a la administración pública municipal de Salamanca, en relación al procedimiento de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, cumplimiento y demás actos relacionados con el procedimiento de adjudicación que culminó con el contrato número C-RM-15/2019, de fecha 15 de marzo de 2019 y su adendum de fecha 19 de marzo de 2019, para el suministro e instalación de 22 mil luminarias de tecnología LED en dicho municipio, así como el contrato de arrendamiento de un vehículo de motor.

Hicieron uso de la voz para hablar a favor los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Víctor Manuel Zanella Huerta.

Prieto Gallardo externó que estaba convencido de que cualquier violación a la ley viniera de donde viniera debía ser sancionada con la severidad que se debe y no se debía fallar al pueblo de Guanajuato y Salamanca que confió en ellos.

Argumentó que leyó minuciosamente el informe de resultados y que reflejaba violaciones a la ley y posible simulación de varios servidores públicos que incurrieron a actos que merman la confianza y la credibilidad en las autoridades de Salamanca.

Después de dar lectura a algunas de las irregularidades dijo las observaciones e incontinencias eran importantes y no debían pasar desapercibidas, y pidió que, así como se realizó esta auditoría exhaustiva lo hagan con el resto de las administraciones y auditorias solicitadas, porque la corrupción debía castigarse viniera de donde viniera.

En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos indicó que la Comisión de Hacienda y Fiscalización había sido profesional y que todos los dictámenes que se habían trabajado eran derivados de un análisis a conciencia y se habían abocado a revisar a profundidad los hallazgos.

Además, destacó la autonomía de la Auditoría Superior del Estado y el trabajo de la Comisión donde, dijo, se han aprobado los dictámenes por unanimidad y era su deber cumplir con la ley y cuidar el ejercicio de los recursos públicos y velar por cada peso, porque los recursos públicos no se debían de descuidar.

Por su parte, el diputado Víctor Zanella Huerta pidió el voto a favor del dictamen, el cual dijo, se elaboró con el uso de herramientas técnicas que permiten detectar el mal manejo de los recursos públicos.

En este sentido, coincidió con su homólogo en la visión de transparencia, honestidad y rendición de cuentas que siempre tiene que prevalecer en la fiscalización de los recursos públicos.

“Como legisladores no ponemos tener una visión partidista, sino congruente. Coincido en la visión de la transparencia, honestidad y rendición de cuentas, por ello les pido su voto a favor, para continuar con el trabajo que nos ha conferido la ciudadanía, que es el de revisar que los recursos públicos sean usados de manera transparente”, finalizó.

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