Aprueban las 46 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2022

Guanajuato, Gto. 9 DE DICIEMBRE 2021.– El Pleno del Congreso aprobó las 46 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2022.

Al ser sometidos a votación los dictámenes en lo general, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández y el legislador Víctor Manuel Zanella Huerta pidieron el uso de la voz para hablar a favor de los dictámenes.

El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta habló sobre el trabajo que se realizó durante el análisis de las 46 iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de 2022. Recordó que el pasado 23 de septiembre de 2021 se celebró la Junta de Enlace en Materia Financiera, donde se contó con la presencia de las 46 autoridades electas en los municipios, con el objetivo de iniciar con el vínculo, acercamiento y tener presencia en la transición municipal para el desarrollo de la integración de la propuesta de ingresos.

Señaló que un reto extraordinario fue el tema de tener recursos para evitar una parálisis de la administración y sobre todo iniciar la reactivación de la economía de las personas, lo anterior por la nueva realidad ocasionada por la pandemia de COVID-19.

Precisó que durante la reunión se lograron precisar los criterios técnicos que sirvieron de guía para la presentación de las propuestas de iniciativas de las leyes de ingresos para los municipios, estableciendo un factor de incremento del 3.95%. Asimismo, comentó que se determinó que solamente con elementos objetivos y técnicos se podía superar el incremento del 3.95% como un tope de aumento, autorizado por el Congreso del Estado.

“Como legisladores, estamos convencidos de que una prioridad en todo momento es el fortalecimiento de los municipios, por medio de su hacienda pública, que les permita poder ofrecer mejores servicios a los ciudadanos; todo el proceso de análisis y discusión de las 46 de leyes, cumple con los propósitos siguientes: fortalecer los servicios públicos; detonar obras y acciones para la reactivación de la economía local; establecer las estrategias de seguridad; desarrollar la infraestructura y mejorar la calidad de vida de sus habitantes; y la actuación desde lo local con visión de sustentabilidad”, dijo.

Comentó que también toca al Congreso del Estado establecer los mecanismos de seguimiento y continuo fortalecimiento de los procesos, no solo en la elaboración de las leyes de ingresos, sino una revisión constante, con indicadores que permitan visualizar áreas de oportunidad.

“Nos comprometemos a que desde la Junta de Enlace de Materia Financiera trabajaremos de manera conjunta con los municipios con las entidades del Poder Ejecutivo, con las autoridades jurisdiccionales, con instituciones académicas, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de carácter empresarial, y todas las personas que se interesen en el fortalecimiento de la Hacienda Pública”, añadió.

Por su parte, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández expresó que el Grupo Parlamentario de Morena aprobó en lo general los dictámenes correspondientes a las leyes de ingresos de los municipios, debido a que se respetó el acuerdo de no incrementar por encima del 3.95% correspondiente a la inflación.

Asimismo, la congresista señaló que en lo particular existen irregularidades que se esconden tras la indexación del cobro de las tarifas de agua que se encuentran por encima del porcentaje acordado, al hacer cálculos equivocados para calcularlo.

“No se trata de comparar enero con diciembre, sino el costo anualizado, es decir, el precio pagado durante todo el ejercicio fiscal, compuesto por el promedio de las tarifas mensuales”, dijo.

Finalmente, la diputada comentó que existen varios conceptos dispersos en diferentes municipios que tienen el mismo sentido extractivo y ajeno al interés popular, a lo que refirió los incrementos en guarderías públicas, los parquímetros en vía pública en Guanajuato capital y las tarifas del nuevo museo de las momias.

En rectificación de hechos, la diputada Angélica Casillas Martínez consideró que es grave que a nivel federal no se haya logrado entender que los organismos operadores son prestadores de servicios y no empresas. En este sentido, señaló que, si el gobierno federal se comprometiera a reducir los costos de energía eléctrica o que no suban los precios del acero, insumos necesarios para la operación de los sistemas de agua potable, el escenario que actualmente se vive sería diferente.

“Es preocupante que desde aquí estemos condicionando aprobar la indexación a los municipios, sin medir las consecuencias, ya que se estaría afectando con ello la prestación de los servicios a los ciudadanos, ya que al no contar con recursos afectaría realizar los trabajos de rehabilitación y/o ampliación de las redes por no poder comprar los materiales para esos trabajos o más grave, suspender la prestación del servicio para cubrir la energía eléctrica que por error u omisión fueron considerados los organismos como empresas y no como prestadores de servicios públicos”, acentuó.

En una segunda intervención, en rectificación de hechos, la legisladora Alma Alcaraz aclaró que no está en contra de la indexación como mecanismo gradual de las tarifas, sino de que se sobrepase el 3.95 de incremento generalizado de precios sin un estudio adecuado del tema. “El problema es el incremento que va más allá de los cálculos que se hacen y ese aumento es mayor al 3.95 por ciento”.

En lo particular, las diputadas Susana Bermúdez Cano, Martha Edith Moreno Valencia, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Hades Berenice Aguilar Castillo, Irma Leticia González Sánchez y Dessire Ángel Rocha, y el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta realizaron diversas reservas.

El diputado Víctor Zanella Huerta se reservó los artículos en materia de salud de las leyes de ingresos de los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, Jerécuaro, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria.

Explicó que las reservas abordan un tema noble, ya que buscan otorgar la gratuidad en los servicios de salud. Mencionó que dicha solicitud se realizó con base en un estudio técnico enfocado en las personas más vulnerables y para aquellas que no tienen un ingreso fijo.

“Este tema es muy claro, se trata de ser justos, de priorizar a quienes más lo necesiten y por ello hoy presentamos esta reserva con la finalidad de que quienes no cuenten con un servicio de salud público, puedan acceder a servicios gratuitos de salud en los municipios. Hoy, como grupo parlamentario refrendamos nuestro compromiso por el respeto, el cumplimiento del derecho a la salud, el derecho que está contemplado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, y que deben garantizarse en los 46 municipios”, acentuó.

Finalmente, comentó que de continuar con el cobro de dicho concepto se estarán generando disposiciones normativas con vicios de inconstitucionalidad, ya que, en la reforma del 29 de noviembre de 2019 a la Ley General de Salud, se establece a los tres ámbitos de gobierno, el garantizar el acceso gratuito a todos los servicios de salud en todo el territorio nacional a quienes no cuenten con seguridad social.

Las reservas fueron aprobadas.

Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano se reservó diversos artículos de las leyes de ingresos de los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria, en materia de facilidades administrativas.

Explicó que derivado de la aprobación de las reservas en materia de salud, por congruencia normativa, los artículos sufren impactos en el capítulo de facilidades administrativas, por lo que se requiere hacer modificaciones.

“Con las reservas propuestas la redacción de los artículos queda de la siguiente manera: Cuando los servicios establecidos en materia de asistencia y salud pública, contenidos en la presente ley, sean requeridos por personas, que teniendo seguridad social y siendo de escasos recursos o que se encuentren en condiciones económicas desfavorables, se procederá a realizar estudio socioeconómico previa solicitud del interesado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio. Para acceder a la condonación total o parcial deberán acreditar mediante estudio socioeconómico dicha situación- “, expuso.

Las reservas fueron aprobadas.

La diputada Martha Edith Moreno Valencia hizo una reserva a la fracción octava del artículo 16 y a la fracción octava del artículo 17 de la Ley de Ingresos del municipio de Celaya, donde señala estar en contra del incremento de los precios en servicios de cremación.

La congresista expresó que el incremento de fallecimientos por la pandemia del COVID-19 no se debe ver como una oportunidad de negocio, haciendo alusión al costo del servicio de cremación que el municipio de Celaya quiere cobrar a partir del próximo año.

“Se pretende cobrar 4 mil 045 pesos por un servicio de cremación que en el 2021 no se cobraba.  Si bien se realizó un análisis local y nacional de precios del mercado en relación con el servicio de cremación, esto no debe de ser para el municipio un punto de referencia para determinar el costo de un derecho brindado”, dijo.

Asimismo, agregó que el estudio técnico no fue suficiente justificación para fijar una cuota tan alta en este derecho, a lo que solicitó que dicho servicio tenga un monto menor al propuesto.

“Proponemos que la cuota cobrada por este derecho únicamente contemple los costos variables mientras que el municipio se haga cargo de sus costos fijos que tienen que ver con obligaciones patronales y depreciación de los bienes. Por lo tanto, solicitamos que la tarifa sea de $1281.50”, finalizó.

Al hablar en contra de la reserva, la diputada María de la Luz Hernández Martínez refirió que el servicio de cremación era insuficiente en Celaya, por lo que el estudio arrojó los elementos correspondientes para dicho cobro.

Asimismo, agregó que en ningún momento las tablas comparativas que se presentan en el estudio de mercado se reflejaron en la estimación del cobro que aprobó el Ayuntamiento de Celaya y que esos elementos ratificaron que los promedios del costo del servicio de cremación en el mercado se ubican por encima de la propuesta del municipio, por lo que se consideró correcto el cobro propuesto por aportar los elementos correspondientes.

“Con Las propias áreas de análisis del Congreso se confirmó el hecho de qué se presentaron los insumos para justificar el costo del derecho”, finalizó.

En rectificación de hechos, el congresista Ernesto Millán Soberanes dijo que el cobro se considera excesivo en un momento de crisis sanitaria, afirmando que el estudio técnico que se mencionó no tuvo claridad y tiene situaciones inconsistentes.

“En el estudio técnico algunas sumas no cuadran y se encontraron algunas otras inconsistencias. En estos tiempos los gobiernos municipales tienes que ser empáticos y solidarios con la población”, dijo.

Por último, el diputado recalcó las inconsistencias del estudio técnico y consideró que, en todo caso, el municipio deberá hacerse cargo de los costosos fijos para apoyar a los ciudadanos de Celaya.

Las reservas no fueron aprobadas.

La legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se reservó los artículos 5, 21 y 31 de la Ley de Ingresos Municipales de Guanajuato y señaló que en ellas advertían un fin exclusivamente de motivación recaudatoria, con evidente y ávida desesperación para buscar recursos, pero de una forma tan atropellada que terminaba perdiendo la sensibilidad social y dejaba de lado su misión de poner el interés del ciudadano en el centro de todas las políticas públicas promovidas desde el gobierno.

En ese sentido, mencionó que el artículo 5, era relativo a los valores que se aplicarán a los inmuebles para el año 2022 y dijo se proponían aumentos que iban del 96% al 193% respecto de los valores vigentes, por lo que planteó que se autorizara solo un incremento del 3.95%; mientras que el artículo 21 referente a la pretensión de poner en operación apps o máquinas de cobro por la prestación del servicio de estacionamiento público, en 6 zonas de vialidades de esta ciudad capital,  solicitó que se eliminara; y el artículo 30 correspondiente al costo de la mensualidad para estancias infantiles con una cuota que reportaba un incremento de $935 a $2300, impactando en un 145%, pidió que se autorizara únicamente el 3.95%.

Sus propuestas no fueron aprobadas.

Por su parte, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo propuso eliminar la fracción VI del artículo 21 de la Ley de Ingresos de Guanajuato, relativa al establecimiento de parquímetros, ya que dijo que el servicio que proponía es a todas luces desproporcional, improvisado e injusto con los menos tenían y podían.

“Acudo a esta alta tribuna a manifestar nuestra reserva y denuncia al atentado a la economía que se está fraguando en esta Soberanía al aprobar un cobro por estacionarse en la vía pública para los habitantes de esta capital del estado”, enfatizó la congresista.

Aguilar Castillo argumentó que el anexo técnico era frágil y que se pretendía engañar diciendo que era por el bien de la población ya que habría menos tráfico, contaminación, se promovería el uso del transporte público y habría espacios más bellos para los turistas, sin embargo, de aprobarse esa tarifa se estaría haciendo un asalto en despoblado a la clase media guanajuatense por el simple hecho de usar la calle.

Las reservas no fueron aprobadas.

En su intervención, la legisladora Irma Leticia González Sánchez se reservó lo relativo a la cuota mensual por el servicio de guardería en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Las Rinconadas, del municipio de Guanajuato, la cual, dijo, se pretendía incrementar de $935 pesos a $2,300 pesos.

“La validación de esta cuota se traduciría en una barrera de acceso para la gran mayoría de las madres, padres y cuidadores de las clases trabajadoras de Guanajuato capital, quienes seguramente se verán imposibilitados de pagar más de la mitad de su sueldo en este Centro Asistencial de Desarrollo Infantil”, enfatizó la congresista.

En ese sentido, propuso que la cuota mensual del derecho a la estancia infantil se reduzca al 10% del salario promedio mensual en la entidad, es decir, a $ 427 mensuales.

Su propuesta no fue aprobada.

Finalmente, la congresista Dessire Ángel Rocha se reservó el artículo 21, relativo a los derechos por la prestación del servicio de estacionamientos públicos para incrementar el costo por vehículo por hora o fracción de $8.07 pesos a $9.15 pesos; ya que dijo el costo propuesto del boleto por hora no cubría el costo promedio por operación por auto, de ahí la necesidad de incrementar la tarifa  para que pueda alcanzarse el punto de equilibrio entre los que cuesta el servicio y la recaudación por el cobro del mismo.

La reserva fue aprobada.

Otras aprobaciones

Además, la Asamblea declaró revisados los informes de resultados de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal de Santiago Maravatío, Ocampo y Moroleón; así como a las cuentas públicas del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

De igual manera, la auditoría específica practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en cumplimiento a la resolución de denuncia de investigación de situación excepcional de fecha 1 de marzo de 2021, dictada en el expediente número ASEG/DGAJ/DISE-10/2020, respecto a los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y adjudicación, que derivó en el contrato SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra civil «INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO», por los ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020.

También se ordenó el archivo definitivo de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato que pretendía se creara una Comisión de Régimen Interno.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Gerardo Fernández González señaló que la iniciativa tenía como finalidad de crear una comisión de ayuntamiento que fuera el mejor vinculo de comunicación entre las fuerzas políticas, atendiera de manera puntual, neutral y transparente los temas relativos al régimen interno del Ayuntamiento, con el fin de optimizar las funciones reglamentarias, políticas y administrativas.

El congresista subrayó que la creación de dicha comisión serviría de enlace entre las diversas fuerzas políticas, con el objeto de impulsar entendimientos y convergencias políticas para alcanzar acuerdos que permitan a los ayuntamientos adoptar las mejores decisiones, y precisó que la dictaminación en sentido negativo se había construido con base en dos respuestas; la primera argumentando la inviabilidad de que se estableciera un órgano que pueda dar instrucciones al Ayuntamiento, y la segunda en torno a la necesidad.

Finalmente consideró que el diálogo y en consenso eran fundamentales para la construcción de una democracia sana, por lo cual solicitó el voto en contra.

Por su parte, el diputado Bricio Balderas Álvarez habló a favor del dictamen. Expresó que la creación de la Comisión de Régimen Interno debe surgir de una propuesta hecha por el presidente municipal, además de que sería poca la participación de los integrantes y los mecanismos de atender un tema en específico.

“Cada asunto que se toca en el Ayuntamiento se toma, se delibera y se vota. Si una comisión atiende algún tema en específico, solamente lo lleva al Ayuntamiento que ahí están representados de manera plural en comisiones. En concreto, solicito votar propiamente el archivo de este”, finalizó.

Turnos

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, formulada por el ayuntamiento de León, con el objeto de incorporar la figura del presupuesto participativo fue remitida a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a la auditoría específica respecto al proceso de ejecución y cumplimiento del contrato, derivado de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial número 40004001-27-18 para la Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y el Servicio de Administración y Dispensación de los Mismos en la Modalidad de Stock, Farmacia y Servicio de Unidosis para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, respecto de las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al periodo del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019; así como a la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Doctor Mora, y a las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por las administraciones municipales de Pénjamo y Romita, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

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