Revista Politica

Revisan iniciativa que propone adicionar el delito de extorsión a la Constitución Política federal

Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera, iniciante, manifestó que buscan impulsar acciones que ayuden a recuperar la paz y la tranquilidad en la entidad, y que la propuesta pretendía abonar desde el ámbito legislativo, teniendo como objetivo adicionar el delito de extorsión como una de las conductas por las que proceda la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva de oficio.

Apuntó que con la iniciativa se fortalecería el combate, la investigación y sanción del delito conocido como extorsión, además de evitar la reincidencia o la comisión de nuevos delitos.

Por su parte, el legislador José Huerta Aboytes apuntó que estaba bien la intención de ampliar el catálogo pero que eso no resolvía el tema y se podía correr el riesgo de que su inclusión contradiga uno de los principios del proceso penal actual que era la presunción de inocencia. Agregó que como legisladores lo que tenían que cuidar era que no ser violara el derecho humano de presunción de inocencia.

En su participación, la magistrada Gloria Jasso apuntó que el tema era interesante y complejo y que no se podía caer en un abuso de los delitos prisión preventiva oficiosa y que fuera contra el sistema pena actual y sobre el principio fundamental de libertad. Carlos Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica realizó consideraciones sobre la figura de prisión preventiva oficiosa y subrayó que el Estado Mexicano debía contar con mayores estándares y sobre todo respetar los derechos humanos. En el mismo sentido se manifestó Alberto Estrella de la Procuraduría de Derechos Humanos quien precisó que no se podía olvida que se trataba de un sistema garantista desde 2008.

En una segunda intervención, el congresista J. Jesús Oviedo Herrera subrayó que la propuesta trata de privilegiar más a la víctima que al perpetrador, y que sobre eso le gustaría que se analizara y reflexionara.

Otros de los asistentes precisaron que debía revisarse si con los productos que se envían se atiende o no el problema, que se necesitaba profundizar sobre la iniciativa y sus impactos, que reconocían la realidad que se vivía en el país y en la entidad y que se afectaba a las víctimas, sin embargo, el delito de extorsión tenía sobre todo como bien jurídico el patrimonio.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá reiteró que lo que se buscaba era que no anduvieran sueltos los extorsionadores, independientemente del impacto inhibitorio o no de la medida; y que la naturaleza oficiosa devenía del propio impacto del tipo penal que iba mucho más allá de lo patrimonial.

En su participación, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo manifestó que no estaba muy convencido dadas las distintas posiciones que se habían expresado hasta que se hiciera un análisis sobre los aspectos constitucionales vertidos en la mesa. El legislador J. Jesús Oviedo Herrera recordó que el delito de extorsión, desafortunadamente, en algunas ocasiones terminaba en homicidio y que era importante para determinar la prisión preventiva oficiosa

Finalmente, la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que todos coincidían en que el delito tenía afectación más allá de lo patrimonial y propuso que se generaran mesas técnicas para revisar la propuesta y los comentarios vertidos, a fin de considerar todos los aspectos y tener un producto final que respondiera a lo que el iniciante está buscando.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo y Laura Cristina Márquez Alcalá; así como los diputados Raúl Humberto Márquez Albo, J. Guadalupe Vera Hernández, José Huerta Aboytes y J. Jesús Oviedo Herrera.

Además, participaron Gloria Jasso Bravo, magistrada del Poder Judicial; Luis Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos; José Federico Ruiz Chávez y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica; Elizabeth Durán Isais de la Fiscalía General, Ricardo Patlán representante de la Fiscaliza Especializada en Delitos de Alto Impacto y asesores de los diferentes grupos parlamentarios.